El Consejo de Gobierno de la Junta aprobó ayer el decreto que regula la venta directa al consumidor, que permitirá que más de 183.000 explotaciones agrarias y 8.000 productores de producción ecológica puedan vender directamente al consumidor un diez por ciento de los productos primarios agrarios y forestales que produce cada explotación anualmente.

Tras el Consejo, la consejera de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, Carmen Ortiz, explicó que este tipo de venta directa se podrá hacer «in situ», esto es, en explotaciones agrarias, en granjas, en mercados del pueblo por el propio productor o por quien designe y en establecimientos al por menor, esto es, pequeñas tiendas del municipio, restaurantes, comedores e instalaciones de turismo rural.

Para Ortiz, con este decreto «se recupera un sistema tradicional de venta que ya existe en Andalucía, y que fomenta el mayor valor añadido a pequeñas y medianas explotaciones y explotaciones multifuncionales». Asimismo, valora que «se garantiza la calidad y la seguridad alimentaria, apostando por variedades autóctonas y por el cultivo tradicional».

Ortiz explicó que esta norma regula el comercio y la venta directa del productor y las explotaciones al consumidor de 22 tipos de productos agrarios y forestales, sin intermediarios.

La consejera precisó que el propio sector agrario reclamaba este decreto de venta directa, y también ha sido demandado especialmente por los productores ecológicos. Con esta norma «se da cobertura legal a los productores y recolectores, ante una realidad tradicional en Andalucía, como es que en muchos municipios se produce la venta directa de productos de calidad y de proximidad».

Ortiz destacó que este decreto supone «ventajas para el productor, como es establecer relaciones comerciales directas y que dan valor añadido al productor, pues al no haber intermediarios repercute en el productor, con lo cual da viabilidad económica a muchas pequeñas explotaciones del entorno rural, que tienen una importancia decisiva en Andalucía». Asimismo, valoró que se promueve «el mantenimiento de variedades tradicionales y autóctonas, que no suelen llegar a la gran distribución y que son una base importante en los pueblos y en el medio rural». «El decreto supone ventajas para el consumidor, que puede acceder a productos frescos y de calidad; puede acceder a poder comprar variedades locales, que no llegan a las grandes distribuidoras e ir directamente a donde se produce», sentenció.

De esta forma, con el decreto de venta directa «se da cobertura legal a productores que quieren vender de forma directa y con garantías de seguridad alimentaria y de calidad».